Qué debemos exigir

Ya ha pasado la resaca electoral (o al menos, su gran grueso a la espera de que se abran de nuevo las cámaras), pero ya es momento de empezar a trabajar para definir el escenario que debemos reivindicar.

Como muchos ya sabréis, en la anterior legislatura se dieron pasos que llevan definitivamente a la desaparición de la Informática como Ingeniería (entendida ésta como profesión, no como título académico). En su lugar, nos encontraremos con títulos académicos capacitadores ante el mercado laboral, pero no cabe duda de que nos difuminaremos en ese gran conjunto denominado informáticos, frente a las todopoderosas ingenierías clásicas (las llamadas ingenierías de primera), quienes a fuerza de mantener su status quo, son capaces de forzar cambios de rumbo en el mismísmo Ministerio de Educación, y observan impasibles como sus privilegios se mantienen en detrimento de otros (nosotros).

Algunos dirán que somos unos clasistas, unos llorones, etc. Lo único que hacemos es reclamar justicia: Si la Universidad de ayer otorgaba títulos-profesión que hicieron aparecer al Ingeniero (Técnico) en Informática, es justo y lógico que con la separación de estos dos conceptos, si se mantienen los títulos académicos, también lo hagan los profesionales.

He aquí los grandes ejes en los que debe basarse nuestra regulación.

Ley de Ingenierías y Atribuciones Profesionales

Ese fue el compromiso del Gobierno, y de su grupo parlamentario, en la anterior legislatura.

En la anterior legislatura se descartó incluir a los Ingenieros en Informática dentro de la propia LISI argumentando que, si bien nuestra situación era una injusticia a corregir, debía contarse con el consenso de todas las ingenierías, y elaborar fruto de ese consenso una Ley de Ingenierías que regulase definitivamente la profesión. Esperemos que dicho consenso, y la invitación al resto de ingenierías, sea también recíproco, es decir, que se nos convoque también a nosotros, ya que como se ha visto por los últimos acontecimientos, el MEC no nos tiene en cuenta a la hora de abordar la situación académica de las Ingenierías, aún siendo el colectivo más representativo de esta disciplina.

Esta reivindicación no sólo está motivada por la necesidad de regular definitivamente nuestra profesión, sino también porque desde el año 1969 no ha habido ningún paso en la regulación del resto de ingenierías. La única actuación reseñable desde entonces es la Ley de Atribuciones de Arquitectos e Ingenieros Técnicos de 1986 que coincidía con, casualmente, un Ingeniero Técnico Industrial en la Vicepresidencia del Gobierno.

De hecho, existen Decretos de los años 1931 y 1935 que aún sirven de base jurídica para que Industriales y Telecos se tiren los trastos entre sí. ¿No es una vergüenza esta situación en sí misma? ¿Es necesario volver atrás casi 70 años para poder saber donde están las atribuciones y competencias de las ingenierías?

Consejo General de Colegios Profesionales

Pero vayámonos a los objetivos más inmediatos. En la actualidad existen colegios profesionales de Ingenieros o Ingenieros Técnicos en Informática en 14 Comunidades:

• Andalucía
• Principado de Asturias
• Castilla y León
• Castilla-La Mancha
• Catalunya
• Comunitat Valenciana
• Euskadi
• Extremadura
• Galicia
• Illes Balears
• Islas Canarias
• Murcia

Es decir, que descontando a Ceuta y Melilla (desconocemos si tienen competencias en esta materia), tan sólo La Rioja, Cantabria, Navarra, Madrid y Aragón (con mandato judicial incluido) no cuentan aún con un colegio profesional de esta disciplina.

Eso, si dejamos de lado las discusiones competenciales, es una evidencia de que en la mayoría del Estado de las Autonomías se considera a la Ingeniería (Técnica) Informática como una profesión de primer orden. ¿Por qué entonces el Gobierno Central, a través de su Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Teleco él, ¡qué casualidad!), se niega a crear el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática, y otorgarnos en las instituciones la presencia que como profesionales nos merecemos?

La respuesta está clara, y es porque no interesa. Así de sencillo, y así de simple. Si se crea el Consejo General, es tanto como darnos voz en todos los estamentos de la Administración, y entonces otras ingenierías no podrán echar mano de nuestras competencias (como ya se ha demostrado entre telecos e industriales, y tenemos la copia de la sentencia en la que precisamente se citan ese tipo de inclinaciones) porque se encontrarían con nuestro rechazo frontal.

Este debe ser nuestro principal objetivo a corto plazo, por nuestro bien y por nuestro futuro.